Convivimos, un consorcio integrado por distintas organizaciones que buscan la prevención de la violencia, publicó recientemente una investigación sobre Violencia Ejercida contra las personas LGBTI: El Caso de Ciudad de Guatemala. El libro está disponible en su versión digital en la biblioteca de FLACSO.
Las autoras, bajo la coordinación de Walda Barrios-Klee y Patricia Vargas, argumentan que la violencia por motivos de su orientación sexual o identidad de género tiene su base en el prejuicio.
Así, las personas son excluidas y/o violentadas por una característica propia de su personalidad, la cual no podrá modificar, pero que en sociedades donde el espacio de lo público y lo social es netamente heterosexual, las personas LGBTI son obligadas a vivir en la clandestinidad, lo que conlleva una serie de exclusiones y privaciones de derechos básicos, como la salud, la educación, el trabajo y el libre desarrollo de la personalidad.
Para analizar estos prejuicios, las autoras desarrollan su argumento desde la sociología feminista, y por tanto cuestionan el establecimiento de distintas formas de opresión sobre las personas LGBTI, a partir de imaginarios sociales que ameritan un importante grado de crítica y deconstrucción.
La investigación se realizó a través de tres encuestas en línea, una sobre los tipos de violencia que enfrenta la población LGBTI, una segunda sobre qué piensa la población heterosexual sobre la diversidad, y una tercera sobre qué piensa la propia comunidad LGBTI sobre las organizaciones que defienden sus derechos.
Como algunos de los hallazgos más importantes del estudio se identificaron los siguientes:
- Las personas LGBTI en la ciudad de Guatemala están sujetas a diferentes tipos de violencia en sus hogares, en sus trabajos, en sus comunidades, en centros de estudios y esta violencia proviene desde su familia, compañeros, jefes, parejas y pares.
- La máxima expresión de la violencia homófoba son los homicidios, que convierten a las personas LGBTI en “blancos” u “objetivos” por su identidad y expresión de género y/o su orientación sexual.
- Las personas LGBTI que han tenido el apoyo y respaldo de sus familias poseen mejor salud mental que las que han sido víctimas de repudio.
- En las instituciones de educación desde el nivel preprimario se tiene que enseñar que la diversidad sexual y de género existe y que es natural, para que no sea considerada una anomalía y en consecuencia motivo de acoso o bullying.
- Las personas LGBTI no cuentan con información de la ruta de denuncia o no quieren asistir a estas instituciones del Estado que brindan atención a las víctimas, exponiéndose aún más a una situación de vulnerabilidad y dando continuidad al ciclo de la violencia.
- El Estado invisibiliza a la población LGBTI, con sistemas de registro que impiden asegurar la prevención de la violencia y el delito contra esta comunidad particular. Los esfuerzos de capacitación y sensibilización en ciertas instituciones no han sido asimiladas ni aplicadas en las instituciones del sector seguridad, justicia y salud.
