Convocadas por Diputados y Diputadas al Congreso de la República de Guatemala integrantes de la Comisión de la Mujer, organizaciones de la sociedad civil expusieron datos, posturas y argumentos sobre la Iniciativa 5395: Ley de Identidad de Género.
En este diálogo, el Presidente de Visibles, Luis Eduardo Barrueto, defendió las propuestas incluidas en la Iniciativa porque reconocen “el derecho a la identidad de género de cada una de las personas guatemaltecas y crean un mecanismo para enmendar los documentos oficiales de acuerdo a la identidad de género autopercibida”.
Para Visibles, es necesario adecuar el ordenamiento jurídico para garantizar a las personas trans el pleno goce de derechos, en tanto actualmente son excluidas de sus entornos familiares, comunitarios, educativos, laborales y de las propias instituciones del Estado que deben velar por su pleno goce de igual dignidad y derechos.
En el marco de derechos humanos a nivel internacional, la Iniciativa de Ley 5395 cumple con la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en su Opinión Consultiva número 24-2017.
“Nos manifestamos a favor de esta Iniciativa de Ley y animamos respetuosamente a los miembros de esta Comisión a considerar nuestros argumentos que puedan promover un dictamen favorable y posteriormente una aprobación legal que dé cumplimiento a los compromisos que nuestro Estado ha adquirido soberanamente y en defensa de los derechos humanos de todos y todas las ciudadanas de este país”, concluyó Barrueto.
La Comisión de la Mujer es presidida por el Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino y está conformada por los y las legisladoras Ana Victoria Hernández Pérez de Morales, Edna Azucely Soto Juárez de Kestler, Eduardo Zachrisson Castillo, Erick René Lainfiesta Cáceres, Floridalma Leiva Hernández, Iliana Guadalupe Calles Domínguez, Juan Manuel Díaz-Durán Méndez, María Cristina Quinto García y Sandra Nineth Morán Reyes.
Comisión debe dar dictamen favorable
Marisa Batres, integrante de Visibles, participó en una segunda sesión de discusión el día 27 de agosto de 2018. Batres expuso:
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República debe emitir dictamen favorable al Proyecto de Ley de Identidad de Género (Iniciativa 5395), para facilitar el reconocimiento de la identidad de género de todas las personas guatemaltecas y poner en marcha la creación de un procedimiento para la rectificación de documentos oficiales conforme a la misma.
Con este dictamen, la Comisión cumpliría su responsabilidad de velar por el pleno cumplimiento de los compromisos adoptados por Guatemala, en el marco de tratados internacionales de Derechos Humanos y pondría un alto a la exclusión a las personas trans del pleno goce de sus derechos.
Uno de los acuerdos ratificados por el Estado de Guatemala en esta materia es la Convención Americana de Derecho Humanos, que rechaza cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o identidad de género.
Este pacto destaca que “la falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido”.
Hoy vemos falta de consensos y un alto grado de desinformación, pero no hay que perdernos, y no cumplir con los más altos estándares de respeto a la vida humana y al proyecto de vida individual de las personas, sería un grave error.
La Convención fue firmada por Guatemala el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por el Congreso de la República el 18 de julio de 1978. Desde entonces forma parte del bloque constitucional guatemalteco. Esto porque la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 46 que “en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.
Si bien podemos discutir los elementos que reúnen más división, como el mecanismo para que se de atención en salud diferenciada a las personas trans o cómo funciona la tutela de los padres en el caso de los niños que deseen identificarse como trans, es crucial que la parte central de la iniciativa se apruebe y permitamos a las personas trans gozar del derecho básico a la ciudadanía.
Hacerlo no vulnera ni los valores, ni las libertades de ninguna persona o grupo. Pero perpetuar la exclusión sí que daña las posibilidades de una vida digna para las personas trans.
