El Congreso discute actualmente la Iniciativa de Ley 5272, que dispone aprobar la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. En este artículo explicamos brevemente el estado actual de la iniciativa, su contenido y por qué recomendamos que no sea aprobada.
¿Quién propuso la Ley y cuál es su estado actual?
La Iniciativa fue presentada el 26 de abril de 2017 por Aníbal Rojas Espino (Visión con Valores) y Christian Boussinot (entonces diputado por TODOS y hoy preso por vínculos a caso de plazas fantasma).
La Comisión Ordinaria de Legislación y Puntos Constitucionales primero emitió dictamen, favorable y prácticamente sin modificaciones, que resulta en el ingreso al Pleno del texto original. Se encuentra en agenda el tercer debate en el pleno, por lo que la iniciativa podría ser aprobada en los próximos días.
El texto de la propuesta y el dictamen se puede consultar en la página del Congreso.
¿Qué propone la Ley?
La Ley plantea, en esencia, criminalizar a las niñas, mujeres y población LGBTIQ por el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Establece:
1) Penas de cárcel de entre 5 a 10 años para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo voluntariamente (Artículos 9 al 11);
2) La prohibición expresa de la difusión de cualquier información acerca de la diversidad sexual y de género en las escuelas y centros de formación, así como la censura a la discusión de otras formas de sexualidad distintas a la heterosexual (Artículo 15); y
3) La prohibición expresa del matrimonio entre personas del mismo sexo (Artículos 16 y 17).
Además, en su Artículo 19 establece que “Las posiciones o compromisos expresados o adquiridos en contravención a esta disposición, serán nulas de pleno derecho”, estableciendo un criterio distinto al del Artículo 46 de la Constitución de la República de Guatemala, que establece la preeminencia del Derecho Internacional: “en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno” .
Criminalización de niñas, mujeres y población LGBTIQ
Los proponentes de la Ley indican que la vida y la familia está bajo «amenazas latentes» de «grupos minoritarios de la población» que «atentan contra el equilibrio moral de nuestra sociedad», refiriéndose con ello a la comunidad de la diversidad sexual y de género y a las organizaciones de mujeres que promueven un mayor acceso a información y educación sexual integral.
En este contexto, promueve un abordaje que criminaliza a las personas que recurren al aborto, en vez de promover una discusión sobre cómo asegurar que las niñas, adolescentes y mujeres estén efectivamente protegidas de la violencia sexual y que cuenten con información que les permita decidir sobre su vida sexual y afectiva. Enviarlas a la cárcel no toma en cuenta ninguna de estas consideraciones.
La Iniciativa 5272 también define la familia como la «agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o se encuentran bajo su potestad». Con esto excluye a las diversas formas de familia que existen, y crea un precedente para profundizar su exclusión de protecciones básicas, incluyendo las patrimoniales, contra la violencia intrafamiliar, y otras.
La Ley, asimismo, atribuye a los grupos de la diversidad una actitud maliciosa y que atenta contra la vida y la estabilidad del modelo tradicional de familia, cuando las reivindicaciones de nuestra comunidad busca, esencialmente, que se creen mecanismos para garantizar una vida digna, libre de violencia y que permita a cada persona desarrollarse dentro de lo mejor de sus capacidades.
Foto de portada: Edwin Bercián, Publinews. Iluminación del Congreso de la República con la Bandera Arcoiris
