Una nueva iniciativa de ley busca que los hombres y mujeres trans puedan acceder a documentos que les reconozcan su identidad de género porque al no estar identificadas correctamente son vulnerables a discriminación, estigma y violencia.
En Guatemala viven alrededor de 15 mil personas trans, . Pero el país no reconoce su identidad de género y no les permite ajustar sus documentos oficiales para reflejar el sexo con el que se identifican. Para remediar esta situación, las organizaciones trans y la diputada Sandra Morán presentaron una iniciativa de ley de identidad de género.
La propuesta permitiría que las personas trans puedan solicitar la rectificación de la partida de nacimiento, mediante un trámite administrativo ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y reconoce el derecho de todas las personas a ser reconocidas de acuerdo con su identidad de género. La propuesta tiene su origen en un borrador que las organizaciones iniciaron en 2009 y que, con el acompañamiento de la congresista, retomaron el año pasado hasta elaborar esta propuesta.
En su discurso, Morán señaló que la sola presentación de la iniciativa reconoce a las valientes «compañeras y compañeros, que aun enfrentando discriminación y rechazo, todos los días se presentan tal y como son ante la sociedad». Stacy Velásquez, representante de OTRANS, le dedicó la propuesta a las compañeras víctimas de la violencia y la transfobia —en el país mueren entre 15 y 20 personas trans al año, pero sus casos son abordados de acuerdo a su sexo asignado al nacer y en la mayoría de los casos continúan impunes—.
Reconocer la identidad de género: El paso inicial
La ley «es un buen primer paso. La mayoría de países donde tienen ley de identidad de género se comienzan a reconocer los derechos de las personas trans», explicó Tristán López, miembro de Visibles y coordinador de incidencia política en el colectivo de hombres trans Trans-Formación. Pero añadió que hace falta otra serie de medidas para «ir adaptando el sistema para atender a personas que hoy no entiende ni reconoce».
Si la ley llegara a pasar, Velásquez señaló que el gran triunfo sería «dejar de ser migrantes en nuestro propio país», ya que se delega a los ministerios correspondientes trabajar en medidas para garantizar el acceso en igualdad de condiciones al trabajo digno, la vivienda, la educación, entre otros derechos de los que hoy se excluye a la población trans por completo.
Un 61% de la población trans reporta ingresos por debajo del salario mínimo y un 53% no finalizó la escuela primaria debido a la exclusión del sistema educativo. Esto según un estudio sobre la población de mujeres trans en el país realizada en 2015. Esta población también es vulnerable a discriminación y algún tipo de abuso sexual.
La ley aporta en generar un mecanismo para reconocer la identidad de género de todos los ciudadanos. Pero para tener un diálogo de respeto y empezar a atender las otras vulnerabilidades de las personas trans, hay que partir de «comprender que este es un anhelo por construir una sociedad más justa y que respete los derechos humanos,» explicó López. «Todo se reduce a que somos seres humanos», añadió, por lo que cree que la ley formular una demanda igualitaria.
El trámite administrativo para rectificar los documentos de los ciudadanos guatemaltecos es la base para garantizar los derechos según la identidad de género de todas las personas.
